Legal+ como nueva fuente de negocio para los despachos.
Hace unos días, Andersen anunció que refuerza (aunque más bien parece que crea) su área de legaltech, con la incorporación de un equipo de abogados procedentes de CSV Consulting, redoblando su apuesta por la consultoría legal en compliance tecnológico. Me parece una maniobra interesante y no se trata de un hecho aislado. En las últimas semanas hemos visto otras dos operaciones similares aunque protagonizadas por prestadores de servicios legales que podríamos considerar más innovadores: el desembarco en España de Integreon tras su alianza con Samaniego Law y la integración de Revamp Law en Ecija.
Según se desprende de lo publicado, Integreon es un proveedor de soluciones legales para despachos y asesorías jurídicas cuyos servicios incluyen mejora de procesos con metodología Six-Sigma, herramientas de gestión de contratos, automatización robótica de tareas e implementación de tecnología, incluyendo soluciones de inteligencia artificial. Por su parte, Revamp Law es una firma de consultoría especializada en la implementación de tecnología legal que ofrece soluciones de gestión de acuerdos, automatización de procesos, facturación electrónica, administración de asuntos, sistemas expertos y análisis de contratos y documentos legales utilizando, como en el caso de Integreon, inteligencia artificial.
¿Qué tienen en común las tres operaciones mencionadas? Parece claro que Andersen, Samaniego Law y Ecija tratan de reforzar y ampliar el alcance del despacho con servicios que tienen conexión con lo legal pero que, en todos los casos, trascienden el concepto de asesoramiento jurídico tradicional, por lo que se ofrece o por la forma en que se presta. Este tipo de actuaciones se está englobando generalmente en el término anglosajón legaltech pero creo que sería más preciso llamarlo legal+ porque en algunos casos lo más importante no es la tecnología sino la parte de consultoría y la transformación cultural asociada.
Muchos socios consideran que no adecuado o conveniente que los despachos ofrezcan consultoría, ni que asesoren a sus clientes en materias que no sean las estrictamente jurídicas. La realidad, sin embargo, es que las empresas demandan cada vez más ese tipo de servicios a sus abogados. Ben Allgrove, socio responsable de innovación en Baker McKenzie, afirmaba en una entrevista publicada en enero de 2019 algo que algunos considerarán una temeridad: los despachos deben de ofrecer líneas de negocios no jurídicas. Usaba el ejemplo de la ciberseguridad: la parte legal del proyecto es importante pero, antes o después, el cliente tiene que contratar a varios consultores y empresas de tecnología para implementarlo, con todos los problemas que eso implica. Desde ese punto de vista, sería mejor que su abogado de confianza le ofreciera una “ventanilla única” para gestionar todos los problemas legales, técnicos, reputacionales, etc que lleva aparejado un incidente de ciberseguridad. Con otros desarrollos tecnológicos como el big data o los smart contracts pasa igual: es casi imposible separar el elemento legal del técnico.
Siguiendo lo que anticipaba Ben Allgrove en esa entrevista de que en breve veríamos a bufetes ampliando su oferta de servicios, Baker McKenzie ha lanzó hace unos meses Reinvent, que es el paraguas en el que han reunido todas las iniciativas que tienen que ver con innovación, entre las que incluyen design thinking, legal project management, data advisory, e-Discovery, servicios legales alternativos o incluso la colaboración con una startup israelí para tratar de predecir qué tipo de servicios requerirán los clientes de los bufetes de abogados. De nuevo, no es un caso aislado puesto que otros grandes despachos anglosajones con Allen & Overy o Slaughter and May están poniendo en marcha en el Reino Unido iniciativas parecidas que amplían y redefinen el concepto de servicio legal.
Las áreas legales y fiscales de las Big Four tampoco se están quedando atrás y están tomando posiciones. Sirva como ejemplo el servicio Legal Management Consulting de Deloitte Legal que ofrece ayuda a las asesorías jurídicas corporativas a cambiar sus modelos operativos legales, mediante la implementación de tecnología, el rediseño de sus procesos internos, el cambio cultural, la externalización de los servicios legales o el desarrollo de espacios de experimentación como legal labs.
Creo que es inevitable que la tendencia se consolide a corto plazo y que cada vez más despachos empiecen a ofrecer servicios legal+. Ahora bien, no es un camino fácil porque, para hacerlo de forma efectiva, las firmas tienen que haber recorrido antes ese camino y el cambio cultural va mucho más allá de haber recibido unos cursos de formación o implementado algunas herramientas legaltech.