LA UNIÓN EUROPEA Y LA REGULACIÓN DE LOS ROBOTS.

LA UNIÓN EUROPEA Y LA REGULACIÓN DE LOS ROBOTS.

El tema de la regulación de los robots lleva varios años en el punto de mira de las instituciones europeas. En octubre de 2013 se planteó una tímida pregunta al Parlamento sobre los derechos de los robots. En marzo de 2012, la Comisión Europea habilitó un partida presupuestaria para financiar un proyecto llamado robolaw, cuyo objetivo era elaborar un informe detallado con todas las cuestiones éticas y legales que plantean los robots, así como ofrecer orientaciones y principios que puedan guiar a los reguladores europeos y nacionales cuando tengan que legislar sobre esta cuestión. La iniciativa, liderada por la profesora Erica Palmerini de la Scuola Superiore Sant´ Anna de Pisa, presentó su informe final en octubre de 2014. Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre robolaw en Replicante así que no me detendré más.

En enero de 2015, el comité de asuntos legales (JURI) del Parlamento Europeo creó un grupo de trabajo para abordar los temas legales relativos al desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, con un foco especial en la redacción de reglas de derecho civil sobre esta materia. Dicho grupo de trabajo ha celebrado varias reuniones y acaba de hacer público un borrador de informe con recomendaciones a la Comisión, que ha generado cierto revuelo porque, según ciertos medios, la Unión Europea quiere que los robots sean personas electrónicas, paguen impuestos y sus titulares paguen su seguridad social.

Como suele pasar, el titular de la noticia está bastante alejado de la realidad o, al menos, no refleja en contenido del borrador de propuesta del Parlamento. El foco principal del documento es la responsabilidad derivada de los daños que pueda generar la actuación de los robots.

Bajo el régimen jurídico actual, los robots no pueden ser considerados responsables de sus actos u omisiones. La dificultad estriba en que su autonomía para tomar decisiones aumenta en paralelo al desarrollo de la inteligencia artificial lo que, a juicio del Parlamento, plantea la duda sobre su naturaleza y sobre si encajan en las categorías existentes –personas físicas, jurídicas, animales y objetos- o sería conveniente crear una nueva categoría legal para los robots inteligentes y autónomos.

El informe no se pronuncia en favor de esta opción sino que requiere a la Comisión para que explore las implicaciones de varias soluciones, entre ellas “crear un régimen legal específico para que los robots autónomos más sofisticados puedan tener el estatus de personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos”. Puede parecer una idea extraña pero creo que es conveniente empezar a analizar a fondo sus implicaciones y, de hecho, en varios artículos he defendido una propuesta similar.

Relacionado con esto, el documento sugiere la aplicación del principio de responsabilidad objetiva (strict liability), es decir que únicamente haya que probar el daño y la relación causal con la acción del robot. El apartado 28 del informe propone una peculiar graduación de la responsabilidad en función de la capacidad de aprender del robot. Intentaré a continuación traducirlo de la forma más literal: la responsabilidad de las partes implicadas debería ser proporcional al nivel de instrucciones dadas al robots y a su autonomía, de forma que cuanto mayor sea la capacidad de aprender o la autonomía del robot, menor será la responsabilidad de las partes y, cuanto más haya durado la “educación” del robot, mayor será el grado de responsabilidad del “profesor”. La idea me parece buena a nivel conceptual pero no termino de ver cómo se va a aterrizar lo de educación o profesor.

Por otro lado, el Parlamento, consciente de la dificultad de atribuir la responsabilidad en los casos de máquinas cada vez más autónomas, ofrece como posible solución la obligatoriedad de contar con un seguro que se podría complementar con fondo de compensación, para los casos no cubiertos por el seguro y urge a la Comisión para que explore las implicaciones de estos esquemas.

Respecto a la fiscalidad y a la seguridad social lo que dice exactamente el Parlamento es que se debe considerar la eventual necesidad de incorporar requerimientos de reporte a las empresas sobre la extensión y proporción de la contribución de la robótica y la inteligencia artificial a los resultados económicos de la compañía a los efectos de contribuciones fiscales y de seguridad social, todo ello enmarcado en el debate sobre la conveniencia de introducir conceptos como el de renta básica universal, que recientemente se desestimó en Suiza.

El informe aborda además otros muchos temas pero con menor profundidad. Considera que se debe introducir un registro de robots avanzados; propone que se cree un organismo europeo que de soporte técnico, ético y regulatorio sobre estas materias (Ryan Calo lleva meses predicando lo mismo para EEUU); sugiere que los temas éticos sean considerados en el diseño, producción y uso de los robots a través de códigos de conducta; insta a la Comisión a elaborar criterios sobre la “creación intelectual propia” para el caso de obras sujetas a derechos de autor que hayan sido generadas por ordenadores o robots y, por último, urge a la Comisión para que prepare una propuesta de directiva sobre leyes de derecho civil para la robótica.

En resumen, me parece un informe (aunque recordemos que por el momento es solo un borrador) que tiene aportaciones interesantes y que debería ser tomado en serio por la Comisión y por los reguladores de los estados miembros. El único pero que le pondría es la escasa atención que dedica a temas relevantes como son los coches autónomos (apartado 15), los robots asistenciales (apartado 16) o los drones (apartado 19).

Foto tomada del usuario de Flickr Kyle Taylor

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