A vueltas con la personalidad y responsabilidad de los robots

A vueltas con la personalidad y responsabilidad de los robots

La semana pasada estuve en la Global Robot Expo que se celebró en Madrid. La verdad es que esperaba encontrar un mayor número de expositores y más ambiente. En cualquier caso, me hizo ilusión ver en directo a Asimo, Pepper, Paro, Nao y otros personajes que aparecen asiduamente en Replicante.

La visita fue el aperitivo de un “finde robótico”, que dediqué a leer en profundidad el número 2 de la revista de privacidad y derecho digital de RDU, en el que he tenido el honor de participar con un artículo sobre las cuestiones jurídicas que plantean los robots. El resultado global ha quedado muy bien y, sobre todo, me ha permitido conocer a gente estupenda como Pablo García Mexía, que es a quien hay que atribuir el mérito del resultado final.

En los otros artículos de la revista he encontrado datos económicos que no conocía como por ejemplo que el 40% de los robots del mundo se encuentran en Japón y el 33% en Europa. América del Norte solo representa el 15%. Se trata de un mercado que facturó 32.000 millones de dólares el año pasado, incluyendo software, dispositivos periféricos e ingeniería de sistemas y que está dominado por cuatro grandes corporaciones: dos europeas (ABB, KUKA) y dos japonesas (Yaskawa y Fanuc).

En la revista he visto también referencias a conceptos que me han parecido interesantes y sobre los que quiero profundizar más. Me refiero a temas como los enjambres de robots, que interactúan entre ellos y con el entorno y dan lugar a comportamientos emergentes; ROS, el sistema operativo para robots o EATR, el robot diseñado para obtener combustible de la biomasa que se encuentra en el campo de batalla, que está programado para subsistir en el entorno bélico, pudiendo atacar incluso a los propios humanos, independientemente del bando al que pertenezcan.

En cuanto a las cuestiones legales, en el artículo profundizo sobre un tema que he tratado en algún trabajo anterior: la posibilidad de atribuir derechos o incluso personalidad, a entidades que no son humanas en ciertos casos. Suena extraño pero lo cierto es que no es una práctica nueva. El debate sobre la esencia de las personas jurídicas y si tienen o no realidad, fue uno de los temas predilectos de la doctrina durante muchas décadas del siglo XIX y principios del XX.

Una polémica similar se ha suscitado más recientemente con la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Como señala Miguel Ángel Boldovala situación legislativa en nuestro país sobre la responsabilidad de las personas jurídicas con relación a hechos delictivos ha ido evolucionando en las últimas décadas para terminar cuestionando o negando abiertamente el tradicional principio de la incapacidad de las personas jurídicas para delinquir o, más precisamente, para ser penalmente responsables de los delitos”. Lo curioso, como nos recuerda Boldova, es que al margen de Gran Bretaña y Holanda, en el resto de Europa (excepto en Alemania) el reconocimiento de una responsabilidad penal de las corporaciones y empresas es relativamente reciente y se encuentra en progresión, en contraste con el planteamiento del problema en Estados Unidos, donde dicha responsabilidad se depura criminalmente desde hace más de un siglo.

Tomando en consideración los anteriores antecedentes y la dificultad de atribuir responsabilidad en los casos de actos cometidos por robots que pueden mostrar rasgos de inteligencia y autonomía, sugiero que empecemos a plantear la posibilidad de que estas máquinas puedan tener obligaciones o incluso algún tipo de personalidad reconocida legalmente. Puede parecer disparatado pero no debemos olvidar que el derecho tiene que adaptarse a la realidad. Lo ilustraré con algunos ejemplos.

  • Ahora mismo, que una persona pueda ser la propietaria de otra nos parece una aberración pero tenemos que recordar que tuvimos que esperar hasta 1926 para que la Convención internacional sobre la esclavitud la declarara ilegal y creara un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican.
  • Hace 60 años, en el país más desarrollado del mundo, las personas de raza negra debían ceder su asiento en el autobús a las de raza blanca. El coraje de Rosa Parks, Martin Luther King y muchos miles de activistas afroamericanos lograron que el Tribunal Supremo americano declarara que la segregación racial era contraria a la Constitución americana.
  • El Real Decreto 53/2013, establece las normas básicas aplicables en España para la protección de los animales utilizados en experimentación y pruebas para fines científicos.
  • El artículo 178 del Código Civil establece que “La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen”. Es decir, la institución de la adopción “borra” el pasado biológico de un menor y le atribuye una nueva filiación, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos.
  • El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en España desde el 3 de julio de 2005. El Tribunal Constitucional confirmó en 2012 la constitucionalidad del matrimonio homosexual, que lleva aparejados otros derechos como la adopción conjunta, herencia y pensión.

Los ejemplos anteriores nos sirven para ilustrar la idea de que las normas jurídicas no son, ni más ni menos, que las “reglas de juego” que establecemos para regular el comportamiento de la sociedad en su conjunto y de los individuos en particular. Como no podía ser de otra forma, esas reglas tienen que evolucionar con el tiempo y adaptarse a la voluntad de la mayoría. En el mismo sentido señala el artículo 3 del Código Civil que las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas.

Si aceptamos que los robots pueden tener cierta autonomía y “personalidad”, debemos concluir que podrían cometer delitos. Siguiendo el razonamiento, deberían tener responsabilidad penal por sus actuaciones. Las penas en este caso, podrían oscilar entre la suspensión temporal de sus actividades en el supuesto de delitos menores, hasta la reprogramación de su software o la destrucción física tanto del hardware como del software en los delitos más graves.

Relacionado con este asunto está la cuestión de si los robots llegarán a tener conciencia de sí mismos. Me llama la atención el escepticismo que Ryan Calo manifiesta sobre esta cuestión. Estoy de acuerdo en que no vamos a llegar inmediatamente a la situación que se plantea en la serie de TV “Real Humans”, pero tampoco creo que sea sensato descartarlo a medio plazo.

La revista incluye también una entrevista con la profesora Erica Palmerini, coordinadora del proyecto europeo Robolaw, sobre cómo se debe regular la robótica. Palmerini menciona una práctica que creo que podríamos replicar aquí en ciertos casos: en Corea del Sur y Japón han introducido legislación para crear “zonas francas” donde se puedan testar robots en escenarios reales sin infringir la ley ni tener que pedir permisos especiales de las autoridades locales.

La obra se cierra con un animado debate entre Borja Adsuara, Ricard Martínez y Lorenzo Cotino sobre robótica y derechos humanos. Estoy de acuerdo con sus comentarios, excepto con la sugerencia de Ricard de reformular una de las preguntas para plantear cómo debería de condicionar la privacidad a la robótica. Sin duda la privacidad es importante, pero creo que la tendencia de los abogados especializados en esa materia de “elevarla a los altares” y situarla en el centro de cualquier debate legal, condiciona en exceso el análisis y hace que se pierda perspectiva sobre el resto de temas legales.

Imagen tomada de Pixabay

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